Lejos de las metas, Bolivia debe multiplicar esfuerzos para alcanzar los Objetivos del Milenio PDF Imprimir Correo electrónico

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Un reciente estudio revela que la pobreza extrema en el campo ha ido en aumento. Hay más de 380.000 personas que se vieron sumidas bajo esta condición en el nuevo siglo. Charazani y Curva, dos municipios paceños, son ejemplos de este flagelo que se pretende aplacar con el Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza

En Bolivia hay aproximadamente seis millones de habitantes sumidos en la pobreza. De ellos, más de 3,7 millones son denominados “extremadamente pobres”; de los cuales 2.246.087 se hallan sólo en el área rural. El reciente estudio de la Fundación Jubileo, presentado el pasado diciembre y con datos de 2007, revela que estas cifras han ido en franco aumento durante los primeros siete años de este siglo XXI.

Las comunidades que viven en la extrema pobreza carecen de necesidades básicas satisfechas, es decir, no cuentan con luz artificial, agua potable, salud, educació. En resumen, los más de dos millones de campesinos “extremadamente pobres” no poseen estos servicios básicos dotados por el Estado.

Según Jubileo, la pobreza no implica sólo la falta de ingresos o de desarrollo humano o de servicios básicos, sino que “también es un problema desde el enfoque de la privacidad de los derechos, como la vulnerabilidad e incapacidad de hacerse escuchar, falta de poder, de representación, participación, protección y seguridad social, que debieran ser garantizados a través del Estado”.

 

Otro parámetro que ayuda a comprender quiénes forman parte del grupo de “extremadamente pobres” es la carencia de recursos económicos: los estudios de Jubileo indican que estas personas ganan menos de un dólar diario. Dicho en palabras de Rosenda Caapa, las ganancias de lo que trabaja son “sólo para la barriga”. Pero para la extrema pobreza también importa lo que una persona se lleva a “la barriga”.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Unidad de Análisis de Políticas Sociales de Bolivia, la pobreza extrema se define a partir de la construcción de una Canasta Básica de Alimentos, la cual se elabora sobre la base de una suma de productos que son suficientes para proporcionar una adecuada alimentación en calorías, proteínas y otros nutrientes. Es que la cantidad de alimentación está en directa relación con la masa corporal promedio de los individuos y su actividad física.

La especificación de los productos de dicha canasta para la zona urbana está elaborada en relación con el Índice de Precios al Consumidor y tiene un valor promedio de 210,6 bolivianos (casi 30 dólares) mensuales por persona; en tanto que para el área rural el valor es de 167,6 bolivianos (casi 24 dólares) mensuales por persona.

O sea, el costo mínimo de lo que un campesino debe llevarse a “la barriga” bordea los 24 dólares al mes, y los que superan ese gasto salen del grupo de los “extremadamente pobres”. Pero esto no sucede en las aldeas circundantes de los centros poblados de los municipios de Curva y Charazani; ahí la alimentación está debajo de la barrera de los 24 dólares. Se nutren sobre todo gracias a su cosecha de papa y a veces con tunta y chuño. Una constante que se repite en las otras comunidades visitadas: Wila Cota, Kalaya y Upinhuaya.

A la hora de variar su alimentación, por ejemplo, los de Upinhuaya deben recurrir cada fin de semana a Charazani. El viaje es en burro y dura unas tres horas y media; el transporte público escasea. Allí intercambian sus tubérculos con pobladores de tierras que siembran maíz y otros productos. La sal, el azúcar y el aceite son los artículos de primera necesidad requeridos. El trueque se repite cada siete días.

Víctor Hugo Bacarreza, coordinador del Programa Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, explica que los afectados por la extrema pobreza rural igualmente están obligados a sopesar otras carencias colaterales. “Tienen problemas de integración caminera, sus terrenos no son del todo aptos para el cultivo, viven bajo amenazas de inundaciones o con el peligro de desastres naturales. Además son personas que no tienen otras alternativas económicas para salir de esa situación”. 

La lucha contra la pobreza extrema es una pendiente que cuesta escalar a los estantes de las comunidades aledañas de Charazani y Curva. Más aún, esta escalada es difícil para más de dos millones de habitantes rurales en Bolivia. Así lo demuestra el más reciente informe de Jubileo, que toma como base los datos de los estudios de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) y el Instituto Nacional de Estadística durante cuatro gestiones.

En 2001 había 8.274.325 personas en territorio boliviano, de las cuales 3.051.571 eran consideradas “no pobres”, 5.222.754 estaban catalogadas como “pobres” y, de esta última cifra, 3.213.748 eran “extremadamente pobres”. Específicamente en el área rural existían 3.109.095 campesinos, de los cuales 693.639 eran “no pobres”; 2.415.456, “pobres” y entre estos últimos, 1.856.441 eran “extremadamente pobres”. Estos guarismos fueron en ascenso cuatro años después.

En Bolivia vivían 9.427.219 personas en 2005, de las que 3.715.575 eran denominadas “no pobres”; 5.711.644, “pobres” y, de éstos, 3.597.804 eran “extremadamente pobres”. En el campo había ese año 3.371.827 comunarios: eran “no pobres” 755.438, estaban considerados “pobres” 2.616.389, y de éstos, 2.120.770, “extremadamente pobres”.

En 2006, los estantes en Bolivia ascendieron a 9.627.269. Del total, 3.858.512 eran “no pobres”; 5.768.757, eran “pobres” y, del último número, 3.627.333 pertenecían al grupo de “extremadamente pobres”. En la zona rural vivían 3.443.379 personas; 810.099 eran “no pobres”; 2.633.279 eran “pobres” y de éstos, eran “extremadamente pobres” 2.143.349. Según lo expuesto, la tendencia de los indicadores también apuntó hacia arriba.

Los más recientes guarismos son del 2007. En esa gestión, la población boliviana aumentó a 9.827.522 habitantes (200.000 más que el año pasado): 3.921.181 eran “no pobres” (62.699 más que en 2006); 5.906.341 eran “pobres” (137.584 más que una gestión antes) y, de éstos, 3.704.976 eran “extremadamente pobres”, o sea, este último índice ascendió en 77.642 personas.

¿Y qué pasaba en el campo? En el área rural, en 2007, los pobladores ascendieron a 3.515.003 (o sea, hubo un aumento nacional de 71.624 habitantes): 797.906 eran “no pobres” (llama la atención que esta cifra es la única que descendió en 12.193 con relación al año 2006); 2.717.097 eran “pobres” (83.818 más que una gestión antes) y, de éstos, 2.246.087 eran denominados “extremadamente pobres”; en este último dato, el guarismo subió en 102.738.

Para Jubileo, uno de los factores más relevantes de estos números es la subida de la extrema pobreza en la zona rural de 2001 a 2007. En total hay 389.646 nuevos “extremadamente pobres” durante ese periodo.

Más aún, entre 2006 y 2007 hubo un ascenso del 62,25 al 63,90 por ciento, respectivamente, en el mismo rubro: hay 102.738 nuevos “extremadamente pobres”.

De acuerdo con datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la lucha contra la pobreza es alimentada con recursos provenientes del alivio de la deuda externa HIPC I y II, los que suman 2.680 millones de dólares hasta 2045. Cada año, parte de este dinero va a parar a las billeteras de los 327 municipios de la nación, bajo condición de que se aminore la brecha económica entre “no pobres” y “pobres”. Y las arcas de estas comunas se engrosan igual con los billetes que provienen de la Participación Popular y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

Pero a pesar de esto, según Jubileo, los números rojos van en ascenso en cuanto a los “pobres” y “extremadamente pobres”, sobre todo en las comunas rurales. Casi nada se ha caminado; más bien se va a paso de cangrejo. El director de esta fundación, Juan Carlos Núñez, tiene su explicación sobre el poco avance en la erradicación de este tema: “Es un problema de gestión, no existe capacitación para que los municipios le otorguen un buen uso a sus recursos”.

Un indicador de que las gestiones económicas ediles no tienen un nivel óptimo involucra a la ejecución presupuestaria. En el estudio En qué gastan los municipios, de la Federación de Asociaciones Municipales, por ejemplo, se muestra que las alcaldías no cubren por completo sus metas de inversión. Tomando informes de 2007, concluye que 90 por ciento de las comunas no llegó al 100 por ciento de su ejecución.

Los números señalan que en dicha gestión, en el municipio de Charazani se ejecutó el 79,17 por ciento de lo presupuestado; entonces, el 20,83 por ciento de su presupuesto fue revertido al Estado. Y en la Alcaldía de Curva se ejecutó el 89,6 por ciento, y por ello resultó revertido el 11,4 por ciento de su presupuesto.

Además, sostienen Núñez y Bacarreza, existe la dificultad de que lo invertido por los municipios del campo no tiene buen destino porque los alcaldes prefieren subvencionar canchas de fútbol o infraestructura municipal en vez de proyectos productivos que puedan dar respuestas integrales a las limitaciones económicas. Esto, dice Núñez, lleva a “malas gestiones”. Mientras, Bacarreza usa la siguiente metáfora para solucionar este asunto: “Es preferible enseñar a pescar que dar directamente el pescado”.

En el caso de Charazani y Curva, sus representantes ediles se quejan porque el dinero que reciben del Estado no les alcanza para cubrir las necesidades primarias de las comarcas. Luis Yanahuaya, concejal charazaneño, subraya que la plata que llega a las arcas del municipio es dividida entre sus 48 comunidades “por igual” y no hay mucho para aprovechar; y aparte la Alcaldía no genera ingresos suficientes para engordar las inversiones locales. Un déficit recurrente.

Por ejemplo, según la Federación de Asociaciones Municipales, en 2007 el Tesoro General de la Nación entregó a Charazani 6.129.094 bolivianos, y en contrapartida su Gobierno local “generó” 14.000 bolivianos por la venta de bienes y servicios, cobró 9.600 en impuestos y recibió 5.600 bolivianos en tasas de derechos y patentes. En total recaudó apenas 29.200 bolivianos.

En Curva, los guarismos son más franciscanos. El alcalde Mario Callampa dice que el dinero percibido dista mucho para cubrir las necesidades de los casi mil habitantes y las 11 comunidades bajo su jurisdicción. Este municipio recibió 1.829.993 bolivianos en 2007, pero logró cobrar 35 bolivianos en impuestos y 4,90 bolivianos en tasas de derechos de patentes. O sea, por su cuenta logró 39,90 bolivianos en un año.

No obstante, en el acápite de gastos, ambos municipios destinaron el mayor porcentaje de sus presupuestos a los rubros de salud y educación; los gastos más comunes involucran la construcción de aulas escolares, la entrega del Bono Juancito Pinto y el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI). Pero igual la pobreza sube con el pasar de los años, especialmente en los poblados periféricos.

“No tenemos proyectos (productivos o económicos) para llevar adelante; además necesitamos financiadores y somos un municipio muy pequeño; por eso no podemos llegar como quisiéramos hasta las comunidades alejadas. Apenas estamos con el programa Nutribebé y el SUMI”, opina Callampa. Por su parte, el concejal de Charazani indica que su comuna recién ha empezado a invertir en electricidad para los más de 1.800 pobladores. La aldea central de este municipio sí goza del servicio; no así las comunidades aledañas que pertenecen a su circunscripción.

En resumen, estos sitios sobreviven casi exclusivamente con la plata que les otorga anualmente el Poder Ejecutivo, en total casi ocho millones de bolivianos. A la par, Yanahuaya y Callampa coinciden en que sólo les queda pedir más ayuda económica al Tesoro General porque la pobreza en la que están sumidas sus aldeas les impide acceder a más ingresos para sus alcaldías. “Estamos a la espera de que el Estado nos apoye con proyectos de desarrollo”, culmina la autoridad de Charazani. Pero ¿hay algún plan para paliar esto?

Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza

Para esta gestión, el Gobierno, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo, delineó el Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza, que consta de cinco ejes: mejora de los niveles nutricionales a través de transferencias monetarias; servicios sociales; vivienda y servicios básicos; desarrollo productivo; y gestión integral comunitaria. El programa apunta principalmente a reducir las cifras rojas en el área rural.

Cinco ejes

Mejora de los niveles nutricionales

El primer eje establece como metas el mejoramiento de los niveles nutricionales de los menores y sus familias a través del incremento de los ingresos económicos de los hogares, “revitalizando las formas sociales y culturales de consumo de alimentos”. Para ello se creará el Bono Familia, que transferirá 100 bolivianos a las parentelas que tengan un hijo menor de seis años; y aparte se otorgará un bono de 25 bolivianos por cada niño adicional, hasta el cuarto descendiente.

Servicios sociales

Respecto del acápite de servicios sociales: educación, salud y justicia, el Gobierno plantea la entrega de material escolar para niños que cursen de primero a octavo de primaria; un sistema de transporte escolar para los menores que habitan zonas alejadas; desayuno y alimentación suplementaria escolar en los niveles inicial y secundaria; la implementación de una red de ciudadelas estudiantiles, de huertos escolares y talleres artesanales, de institutos técnicos articulados a la matriz productiva, y el mejoramiento y estímulo a la formación docente.

Vivienda y servicios básicos

Sobre el tercer eje, el Estado propone “mejorar las condiciones de vivienda y habitabilidad de las comunidades rurales pobres, en función de sus capacidades y potencialidades, reduciendo la incidencia de afecciones relacionadas con el hacinamiento y la carencia de servicios básicos dignos y el cambio climático”. A la par, el mejoramiento de “los pisos, paredes y techos de las viviendas rústicas preexistentes ampliando dormitorios adicionales si fuera necesario”, lo mismo pasaría con las cocinas; y dotarlas de agua potable, saneamiento básico, electrificación y telecomunicaciones.

Desarrollo productivo

En cuanto al rubro del desarrollo productivo, el objetivo general es lograr que las aldeas pobres extremas del ámbito rural mejoren su alimentación y nutrición y que incrementen sus ingresos económicos. Asimismo, se postula el fortalecimiento de la producción tradicional local de autoconsumo y su diversificación para lograr una “dieta alimenticia sana, nutritiva y adecuada a la realidad cultural de las comunidades”.

Gestión integral comunitaria

El último pilar del plan, la gestión comunitaria integral, busca el desarrollo de las capacidades públicas, gerenciales, técnicas y operativas de las organizaciones comunitarias y sociales con identidad cultural. Tiene prevista la creación de “bancos comunales, estrategias de comunicación comunitaria (donde también se plantea crear una red de radios contra la pobreza, entre otras innovaciones) y laboratorios fitoterapéuticos con organizaciones de médicos tradicionales”, y para lograr esta misión se plantea la construcción y el equipamiento de laboratorios, y la producción y la comercialización de derivados de plantas medicinales y aromáticas.

Los primeros beneficiarios serán 13 municipios del norte del departamento de Potosí, región en la que, de acuerdo con datos oficiales, 90 por ciento de los pobladores son considerados “extremadamente pobres”. Y el Plan de Erradicación de la Extrema Pobreza apunta a extirpar este flagelo hasta el año 2015, tal como se comprometió Bolivia en el marco de la Cumbre del Milenio de 2000.

Lejos de las metas

En septiembre del año 2000 se intentó mejorar la vida de millones de personas. En Nueva York se organizó la Cumbre del Milenio, que se constituyó en la mayor reunión de líderes mundiales en la historia, donde se adoptó la Declaración del Milenio con ocho Objetivos del Milenio, entre ellos el de reducir a la mitad la pobreza en el planeta hasta 2015, ya que el cónclave determinó que había más de mil millones de personas que vivían con menos de un dólar por día y otras 1.800 millones luchaban por sobrevivir con menos de dos dólares diarios.

Bolivia, en particular, se comprometió a erradicar a la mitad los porcentajes de la extrema pobreza y el hambre hasta el cumplimiento del plazo, es decir, el Objetivo es tener sólo 24,1 por ciento de “extremadamente pobres”. Pero Víctor Hugo Bacarreza no es optimista a la hora de hacer un balance de los pasos dados por el país en el tema. “Es difícil decir que Bolivia va a cumplir o no con los Objetivos; pero lo que sí se puede afirmar es que no hemos avanzado para lograr esta meta y que nos encontramos estancados”.

Las cifras de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas corroboran la hipótesis. En el decenio entre 1996 y 2006, la pobreza extrema nacional se erradicó en poco más de tres puntos: de 41,2 a 37,7 por ciento, último guarismo que es manejado hasta la actualidad. Y en cuanto al área rural, los “extremadamente pobres”, como reza el informe de Jubileo, subieron en 2007 de 62,25 a 63,90 por ciento. Pero pese al “estancamiento” del que habla Bacarreza, la UDAPE estima en un estudio que hasta 2015 se puede romper la brecha límite de 24,1 por ciento al menos a 22,3 por ciento.

La Fundación Jubileo es poco optimista al respecto y concluye que el Estado boliviano debería quintuplicar los esfuerzos para alcanzar el Objetivo deseado. Y sus últimos reportes ratifican el alza de los indicadores de la extrema pobreza en los tres pisos ecológicos del país. Por ejemplo, entre 2006 y 2007, de todos los “pobres” asentados en el altiplano, los “extremadamente pobres” subieron de 38,1 a 43,4 por ciento; en los valles de 36,6 a 39,4 por ciento, y en los llanos sumaron de 20,9 a 28,8 por ciento.

Bacarreza alega que es necesario tomar medidas urgentes contra este problema que tiene su triángulo más crítico en el sur de Cochabamba y las comarcas fronterizas de Potosí y Oruro. No obstante, los municipios de Charazani y Curva, de la provincia Bautista Saavedra, no están lejos de engrosar este listado; más todavía, todo el altiplano paceño, donde, de acuerdo con datos oficiales, al menos ocho de cada diez sufren en la pobreza extrema y lidian cada año con las inclemencia naturales que matan su producción.

En el área rural, precisa Jubileo, 76 por ciento de la población es pobre y 64 por ciento es extremadamente pobre. “Esto implica que su situación es de inseguridad alimentaria, por tanto, el Estado está en la obligación de atender” a estos campesinos que viven con menos de un dólar por día, sobre todo porque “en los últimos años, el país prestó mayor dedicación a la agenda política”. Además, precisa que las estrategias de reducción de la pobreza deben constituirse en política de Estado, “que perdure en el tiempo y se aplique más allá de una gestión de gobierno”, con la facilitación del acceso a tierras y el desarrollo de la productividad con acceso a tecnología y mercados.